En un país acostumbrado a correr en círculos y morderse la cola, las alertas que llegan desde el extranjero suelen ser necesarias para instaurar algo de sensatez.
En mayor o en menor grado, casi todos los sectores del país han cuestionado lo poco contundente del primer proyecto de reforma urgente que, en materia económica, propuso el presidente Daniel Noboa. La ley contiene una serie de alivios e incentivos para dinamizar al sector productivo y eso es bueno.
Pero no ataca el principal problema del Gobierno central: la falta de liquidez para hacer sus enormes pagos mensuales, mientras el déficit fiscal está a punto de tragarnos en un ambiente de paralización económica.
Todos los sectores hablan de lo mismo, pero ninguno se expresa con sentido de urgencia y realidad. Ni siquiera el Gobierno, algo extraño, pues son los presidentes de la República a los que les toca enfrentar el chuchaqui y empezar a tomar las medidas que generalmente carcomen su popularidad.
Este no parece ser el caso de Daniel Noboa, quien habla de rebajar impuestos pensando que así la economía se dinamizará, cuando la caja fiscal no tiene ni para pagar sueldos. Sin duda, su ley no resultará eficaz.
Por eso, el Fondo Monetario Internacional acaba de poner, otra vez sobre la mesa, el sempiterno debate sobre la racionalización del gasto público en el rubro del subsidio a los combustibles.
Lastimosamente, ni el Régimen ni las principales fuerzas políticas tendrán la entereza de asumir este recorte que ya es inviable. Ni siquiera serán capaces de reconocer que si no había el paro de junio de 2022, ahorita el Estado tuviera 1 500 millones de dólares de recursos fiscales.
Cuando el Gobierno central empieza a pedirle plata a la CFN para igualarse con los sueldos de noviembre de la burocracia es porque ya nada de lo convencional puede seguirse haciendo.
Los empresarios ya no pueden pagar más impuestos vía renta y a la vez pedirles que mantengan su masa laboral con las estrictas regulaciones que han convertido al empleo de 450 dólares en una verdadera bendición.
Pero tampoco es dable que la ley intente una nueva remisión de intereses a los morosos del SRI, porque nunca el Estado llega a sanear todas estas deudas que se licúan de la manera más indecente.
Los sectores sociales, encabezados por la Conaie y alentados por la Corte Constitucional repleta de progres, han arrinconado al Estado para que cubra la mayoría de necesidades a plena conciencia de que no hay ingresos suficientes.
Por algún lado, entonces, habrá que ajustar la economía. Y quizás el sinceramiento del precio de los combustibles sea la medida más rápida y sensata.
